La Suspensión de las Ejecuciones Hipotecarias

Los motivos tasados en la lista “numerus clausus” del artículo 557 de la LEC, han sido el escollo que los abogados encontrábamos a la hora de oponernos a la Ejecución Hipotecaria, huelga reiterar la importancia de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que ha permitido introducir nuevas causas de oposición, abriendo la esperanza a algunos deudores hipotecarios.

Nuestro legislador, muy práctico como siempre y ante las malas críticas generó el Real Decreto-Ley 27/2012, 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, este surgía como un pequeño parche mientras Europa se decidía. Tras la emisión de la Sentencia, y pese a parafrasearse aparecía la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar a los deudores hipotecarios. Todo esta emisión de leyes, pese a sus deficiencias, precisa una herramienta que permita articular correctamente su aplicación, suponiendo esto una reforma en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, cosa que no se ha hecho aún y la cual requiere de un tiempo con el que los operadores jurídicos no disponíamos.

COMO AFRONTAN LOS TRIBUNALES LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SIN UNA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

De cara a los clientes, todo se resume en una suspensión temporal de los desahucios y poder discutir la existencia de una cláusula abusiva o no, pero técnicamente esto es más complejo. Nuestros magistrados han precisado articular un instrumento jurídico, el cual, les permitiese encajar las suspensiones hipotecarias y tomar las medidas necesarias sobre las cláusulas con la única base del El artículo 43 LEC sobre la prejudicialidad civil

“Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial”

Debido a la redacción dada, está de más decir que la discusión sobre cláusulas abusivas en un procedimiento paralelo no suponía la suspensión del procedimiento ejecutorio, por ello, y siguiendo con los artificios jurídicos, una reforma del artículo 43, con similares características al del artículo 697 LEC el cual versa

“[…]suspenderán por prejudicialidad penal, cuando se acredite, conforme a lo dispuesto en el artículo 569 de esta Ley la existencia de causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución.”

Y así es como debería darse la nueva redacción, puesto que la existencia de una cláusula nula dentro del título de mutuo que da lugar a la existencia de la hipoteca, provocaría la total y absoluta nulidad de ambos títulos y por tanto, la ilicitud de la ejecución vendría implícita. Aclaremos esto, LO QUE NACE NULO MUERE NULO. Por tanto, cuando decimos que solicitamos una hipoteca, hablamos de algo más complejo y debemos desarticular cada una de las relaciones jurídicas establecidas. Al solicitar una hipoteca, en realidad lo que hacemos es un contrato de mutuo o préstamo, el banco nos deja un dinero, del cual nosotros podemos disponer a nuestro antojo, dentro del mismo o en documento aparte firmamos un segundo contrato “la hipoteca” la cual no es más que una garantia de devolución de la obligación principal, siendo claros money, money. Bien, debido a que la hipoteca es una obligación accesoria al contrato de mutuo, en el cual es donde se encuentran las cláusulas abusivas contempladas por la Directiva 93/13/CEE al decaer en nula la obligación principal, la subsidiaria resta condenada a morir a su vez. Por tanto, nuestros tribunales en una aplicación pura y simple de la ley deberían aplicar la teoría del arrastre y hacer lo propio anulando la clausula principal y dejando la hipoteca en un estado moribundo.

POSICIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES

Teniendo en cuenta que podríamos hacer tambalear el sistema bancario, el cual permitan el apunte precisa una reforma profunda, seguimos siendo proteccionistas con los bancos en perjuicio del consumidor. Analicemos como actúan.

A) Cláusula Suelo, esta la conoce todo el mundo, podríamos definirla como “la niña que llora en la fiesta” y es que desde el primer momento estaba condenada a ser declarada nula pero ella se apuntó a esta vorágine de letras que los consumidores no entendían. Y la jurisprudencia no tuvo duda “nula de pleno derecho” por tanto, expulsada de la hipoteca y se debía compensar al consumidor que había sufrido su imposición.

B) Cláusula de Resolución Anticipada, si antes hablábamos de “la niña que llora en la fiesta” esta es la amiga interesada que todos tenemos. Pues bien, los tribunales lo ven claro, si se ejecuta una hipoteca habiendo únicamente adeudado una cuota, se anula y por tanto la Ejecución no puede prosperar, pues no tiene en que apoyarse. En un momento de iluminación, se consideró que ejecutar con una cuota no es apropiado pero TRES ya es otro cantar. Permítanme hacer la cuenta de la vieja, pido una hipoteca por la que abono 900 euros mensuales, a treinta años, lo cual supone un monto de 324.000 euros (conste que no estoy entrando en operaciones más complejas con intereses y demás), el mero hecho de adeudar 2.700 euros da una razón de peso para condenar a una familia entera y en algunos casos incluso a dos, a la pérdida de su vivienda.

Y entramos en dos de las clausulas más complejas, como decía mi abuela “el dinero es el camino de la perdición” y nuestros Tribunales optan por una posición conservadora, incluso cobarde, me atrevería a aseverar, por conservar el status quo bancario.

C) Cláusula de interés moratorio, esta pasa discretamente desapercibida, tira la piedra y esconde el brazo, el hecho de impagar las cuotas genera un tipo de interés basado en un índice incrementado en un porcentaje muy elevado, normalmente superior al 8%. Para mí esta cláusula es tan nula como las anteriores, pero se ha adoptado respecto a ella una posición conservadora. Los Magistrados optaron por darle una regañina a los bancos, considerando abusivo todo aquello que superase el 2,5 o 3% (depende de la comunidad autónoma) y unas complejas reglas de interpretación. Así las cosas, se opta por modular el interés de demora, usando la figura de la anulabilidad, al cual no es más que una “nulidad relativa”, la cual ha existido y generado efectos jurídicos, los cuales no son tan graves como para no “curarlos”, es decir sanear el defecto.

D) Cláusulas de interés remuneratorio, es la guapa de la fiesta, la que todo Abogado reza por encontrar pues su mera modulación ya provoca la bajada del monto en una cuantía considerable y esto el cliente lo percibe. Bien, esta cláusula al igual que la anterior debe ser considerada nula y no anulable, continua siendo un artificio de corrección para no dar al traste con un el sistema bancario y probablemente dejar en evidencia una vulnerabilidad del sistema capitalista. Pese a ello, continuamos dando una de cal y otra de arena, así las cosas se modula el interés remuneratorio el cual nuevamente se basa en un índice EURIBOR, CECA O IRPH, los más habituales, sumándoles un porcentaje variable según la entidad, época de contratación e índice aplicado.

Estas cuatro cláusulas son las más conocidas y éstas son las soluciones que algunos magistrados están dando, lo cual puede parecer más o menos acertado pero esto, y me remito nuevamente a mi abuela son como las lentejas o te las comes o las dejas.

En mi humilde opinión, la solución es mucho más simple, si consideramos al prestatario con la condición de consumidor y/o usuarias del producto bancario contratado, lo cual se ha de responder afirmativamente ante la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, implicará la aplicación de la normativa tuitiva y protectora prevista en la legislación aplicable al sector, es decir el Real Decreto Legislativo 1/2007 que aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Por tanto, debería aplicarse el artículo 82 que establece que,

Artículo 82.

Concepto de cláusulas abusivas
1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
(…)
3. El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa.
4. No obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos inclusive:
a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario,
b) limiten los derechos del consumidor y usuario,
c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato,
d) impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba,
e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o
f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.
Por tanto y teniendo en cuenta que estas cláusulas son impuestas, determinan falta de reciprocidad en el contrato y a su vez imponen al consumidor y usuario garantías desproporcionadas, deberá aplicarse el artículo 83 del Real Decreto que establece las nulidad de las cláusulas abusivas y la integración del contrato.

Artículo 83.

Nulidad de las cláusulas abusivas e integración del contrato
1. Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas.
2. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1.258 del Código Civil y al principio de buena fe objetiva.
A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cláusulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor y usuario.
Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá el Juez declarar la ineficacia del contrato.”

Así las cosas, y dada la abusividad que puede predicarse de dichas cláusulas que recaen sobre los intereses retributivos, y teniendo en cuenta que recaen sobre un elemento esencial del contrato, amén de que genera una situación no equitativa y de desequilibro entre las partes es procedente declarar la ineficacia del contrato de mutuo y por tanto las suspensión de los procedimientos ejecutorios, pues una vez más ya lo resumía mi abuela “muerto el perro, se murió la rabia”.

El blog de EME | Abogados

Los motivos tasados en la lista “numerus clausus” del artículo 557 de la LEC, han sido el escollo que los abogados encontrábamos a la hora de oponernos a la Ejecución Hipotecaria, huelga reiterar la importancia de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que ha permitido introducir nuevas causas de oposición, abriendo la esperanza a algunos deudores hipotecarios.

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