“From Luxembourg with Love”: Desgranando la Sentencia del Tribunal De Justicia de la Unión Europea 17 de Julio de 2014

Nuestro Gobierno se fue de vacaciones con un nuevo tirón de orejas, eso que a muchos sacaría los colores, no pasa en nuestro país. Le entrada en vigor de la Ley 1/2013, la cual era un refrito rancio de un parche legal y una Sentencia interpretada a lo Sinatra, ya daba el primer tirón a la normativa española, siendo objeto de una Sentencia de 17 de Julio de 2014. Si muchos creías que tras el ridículo en el mundial, la marca España no podía quedar peor, en esta Sentencia faltó la Post Data, “Aprendan a leer y apliquen al completo el Derecho Comunitario, From Luxembourg with love”

CUESTIÓN PREJUDICIAL 

Esta nueva Sentencia dimana de una cuestión prejudicial, en los mismos términos que la presentada por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Avilés y cuyos dos puntos cardinales pasamos a reproducir:

 «1)      ¿Se opone al artículo 7.1 de la Directiva 93/13/[…], que impone a los Estados miembros la obligación de velar por que en interés de los consumidores existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores, una norma procesal que, como el art. 695.4 de la [LEC], al regular el recurso contra la resolución que decide la oposición a la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, sólo permite recurrir en apelación el auto que acuerde el sobreseimiento del proceso o la inaplicación de una cláusula abusiva y excluye el recurso en los demás casos, lo que tiene la consecuencia inmediata de que, mientras puede apelar el ejecutante cuando se estima la oposición del ejecutado y se acuerda la terminación del proceso o la no aplicación de una cláusula abusiva[,] no puede recurrir el ejecutado consumidor en el caso de que se rechace su oposición?

2)      En el ámbito de aplicación de la normativa de la Unión Europea sobre protección de los consumidores contenida en la Directiva 93/13[…], ¿es compatible con el principio del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio equitativo y en igualdad de armas que proclama el artículo 47 de la [Carta] una disposición del derecho nacional como el artículo 695.4 de la [LEC] que, al regular el recurso de apelación contra la resolución que decide la oposición a la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, sólo permite recurrir en apelación el auto que acuerde el sobreseimiento del proceso o la inaplicación de una cláusula abusiva y excluye el recurso en los demás casos, lo que tiene la consecuencia inmediata de que, mientras puede apelar el ejecutante cuando se estima la oposición del ejecutado y se acuerda la terminación del proceso o la no aplicación de una cláusula abusiva[,] no puede apelar el ejecutado en el caso de que se rechace su oposición?»

El primer problema que el TJUE aborda, perdón vuelve a abordar, pues ya lo hizo en el caso Aziz, es la aplicación edl artículo 7.1 de la Directiva 93/13  ya que si el deudor decidiese plantear el juicio paralelo para expulsar las posibles cláusulas abusivas, el Juez conocedor del proceso declarativo no podría solicitar una medida cautelar, la cual le permitiese suspender el procedimiento ejecutivo. Por tanto, nos encontrábamos que en caso de considerarse la existencia de cláusulas abusiva, probablemente la única solución era la INDEMNIZACIÓN para compensar el perjuicio sufrido.

Y en segundo lugar, el hecho de que desestimadas las causas de oposición el Ejecutado Hipotecario se vuelve a casa, temporalmente, con un Auto y las Costas bajo el brazo, sin posibilidad de formular recurso de apelación para instar ante la Audiencia Provincial una posible revocación de Sentencia. No obstante, y como la banca siempre gana, este privilegio si lo tiene la Ejecutante, por si David vuelve a ganar a Goliat, y es que de estimarse la existencia de la cláusula abusiva y se dictaré Auto sobreseyendo la ejecución o bien declarando la ejecución sin la aplicación de la misma, la Entidad Bancaria tiene derecho a pataleta y réplica.

Debemos partir de la base proteccionista de la Directiva 93/13, la cual genera lo que denominaríamos discriminación positiva con la finalidad de proteger al deudor quien se encuentra en una situación de inferiorirdad al contratar con un profesional. A través del articulo 6.1 de la D 93/13, recordemos es una diposición imperativa y por tanto de obligado cumplimiento, se pretende equilibrar las prestaciones entre las partes, por tanto si el Juez detecta una cláusula abusiva dentro del título, recordemos que tiene la obligación de examinar de oficio el título, este anclaje legal le permite subsanar el desequilibrio generado.

Así las cosas, nos encontramos con varios problemas ya resaltados en la Sentencia Aziz y otros que simplemente se han reformulado:

1.- Quien conoce del proceso declarativo, no puede adoptar una medida cautelar tendente a garantizar la eficacia de una Sentencia, la cual excluya dichas cláusulas.

2.- El Juez conocedor de la Ejecución tampoco puede adoptar dicha medida cautelar o suspender la ejecución como medida para garantizar la plena eficacia.

3.- El art. 695.1 LEC ha permitido la posibilidad de alegar la existencia de estas cláusulas, siempre y cuando sean el fundamento del cual deriva la Ejecución, por tanto, no sirve el mero hecho de ser abusiva en abstracto.

4.- el art. 695.4 LEC UNICAMENTE permite el recurso sólo para el caso de considerarse fundada la oposición.

¿SOMOS IGUALES ANTE LA LEY?

Pues bien, no. Lo cierto es que este artículo lo pone de manifiesto y el TJUE se toma la molestia de explicar ciertas cosas en su sentencia. El derecho Europeo no exige la existencia una segunda instancia, por tanto una primera “vuelta” donde se dirima el conflicto, sin posibilidad de recurso, sería ajustada al Derecho de la Unión. Pero surge un problema, cuando debemos interpretar el Derecho Común (el español) dentro de la normativa Europea comienzan los conflictos.

La redacción dada por el artículo 695.4 LEC, donde reconoce el derecho del acreedor a interponer recurso de apelación, y privando de ello al consumidor, sitúa al consumidor en una posición de inferioridad, por tanto… ERROR!  Así lo reconoce la propia Sentencia, la cual recoge “El desequilibrio entre los medios procesales, no hace sino acentuar el desequilibrio existente entre las partes contratantes”

Finalmente, acaba concluyendo la Sentencia, algo que muchas voces ya venían diciendo todo este tiempo, el desequilibrio en los recursos es contrario a la Normativa Europea y vulnera la igualdad de armas y la igualdad procesal, pilares claves para la Tutela Judicial Efectiva. Por tanto, y pese a los intereses que subyacen sobre todas estas redacciones, el legislador esta vulnerando los derechos de los consumidores.

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