Archivo de la categoría: Consumidores

Cláusula de Gastos. La Traición del Copy Paste

La Sección Séptima la Audiencia Provincial de Valencia, y como ya apuntamos contrariamente a lo que indica la Sección novena ha interpretado, respecto a los gastos, que nos encontramos ante una condición general de la contratación y por tanto, dicha cláusula deberá superar el control de incorporación (si el consumidor la pudo entender) y el control de contenido (si existe equilibrio entre las obligaciones y derechos de las partes). Así las cosas, se analiza si el prestatario esta obligado a soportar estas serie de gastos y se hace, nuevamente tres preguntas:

1.- ¿Beneficia a ambas partes por igual?
2.- ¿Beneficia a ambas partes proporcionalmente?
3.- ¿Sólo beneficia a una de las partes?

Con estas tres preguntas sobrevolando sus cabezas la reflexión es clara y contundente. El prestatario esta interesado en el contrato de préstamo, es evidente, quiere el dinero y ese es su negocio principal. En el momento de suscribir la hipoteca el prestatario no tiene ningún interés por poner como garantía ese preciado bien que es su vivienda, por tanto es un negocio secundario, sobre el cual quien tiene mayor interés es el prestatario pues con ello se garantiza la devolución de lo prestado, más los intereses, el gasto de papel, tóner y boli.

Pero adentrándonos en la conclusión del Tribunal respecto a los gastos se basa en dos puntos,

1.- Si la negociación fue individualizada y la prueba respecto a ello. Pues bien, en primer lugar llega a la conclusión de que estamos ante una condición general de la contratación, la cual no fue negociada, que además es una cláusula de adhesión, incorporada a una pluralidad de contratos. Con todo esto el Juez entiende que la nulidad deberá regirse por el artículo 8.2 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación en concordancia con el artículo 82.1 TRLGDCU y siguientes, concretamente se refiere al 82.2 de esta ley que indica “Que el empresario que afirme que una cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba” y pese a que la Entidad Bancaria había aportado la escritura y la oferta vinculante lo que se concluye es que esta es igual para todos los contratos puesto que en ningún momento se aportan otra serie de minutas que puedan demostrar una negociación individualizada.

2.- Si existe negociación individualizada y proporcionalidad en derechos y obligaciones, y aquí entramos en una clase de derecho de los contratos, donde nos recuerda que el contrato de préstamo se perfecciona por la entrega del dinero y la obligación que asume el prestatario de devolver otro tanto de la misma especie (1.740 CC) por tanto, no habla de intereses, ni habla mucho menos de que como requisito fundamental se precise el otorgamiento de escritura pública, ya ni levita la idea de la constitución de un segundo contrato de hipoteca como garantía accesoria; pero cuando constituimos esa garantía accesoria, por tanto dependiente del primer negocio jurídico que nos interesa a nosotros que nos presten el dinero, quien mayor interés tiene en obtener la escritura hipotecaria es el banco pues trae aparejada el título de Ejecución. Pues bien, justamente es la constitución de la hipoteca el hecho que genera la obligación de inscripción en el registro de la propiedad para facultar al prestamista a instar la Ejecución. Así las cosas, el Tribunal se vuelve a cuestionar si realmente el consumidor esta interesado en este negocio jurídico.

Llegados a este punto nos hace concluir que si diferenciamos ambos negocios, podremos aislar a su vez el interés y los interesados en los mismos, así las cosas la escritura pública es consecuencia del contrato accesorio de hipoteca, así como los aranceles y el impuesto de actos jurídicos documentados por la obligación que genera la hipoteca de documentar el préstamo. Por tanto, entiende el Tribunal que se omite el INTERÉS básico para determinar la proporcionalidad a la hora de repartir gastos, tal y como recoge la STS de 23 de diciembre de 2015 en su letra g del motivo séptimo.

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Gastos Hipotecarios. ‘Això ho pague jo”?

La Sección Séptima la Audiencia Provincial de Valencia ha roto con el viejo dicho valenciano de ‘Això ho pague jo” y es que en la Sentencia de 6 de noviembre de 2017, contrariamente al criterio seguido por la sección novena, ha declarado la nulidad de la cláusula referente a los gastos de hipoteca, incluyendo el ITP, uno de los gastos que mayor controversia esta generando, por tanto siguiendo la línea abierta en la Sentencia del Tribunal Supremo.

ANTECEDENTES

La demanda versaba sobre la nulidad por abusividad de la cláusula correspondiente a los gastos de intervención notarial, registral, tributos y gestoria, así como la acción restitutoria contenida en el artículo 1.303 del Código Civil, además dicho crédito estaba destinado a la adquisición de la vivienda habitual. Las alegaciones básicamente pivotaban sobre el hecho de que el contenido de la cláusula estaba preredactado y no responde a un trato de negociación individualizado, vamos que le dieron lentejas o las tomas o las dejas y por otro lado dicha cláusula era uniforme a todos los contratos, para que nos entendamos para no discriminar a ningún cliente les desplazaron a todos la carga de aranceles notariales y regístrales, el impuesto de actos jurídicos documentados y gastos de gestión… Che! Será per diners collons!

Pues si es por dinero y porque viene determinado por ley que serán calificadas como abusivas aquellas cláusulas no negociadas individualmente donde se imponen al consumidor gastos de documentación, titulación y tributos, los cuales vayan en contra de la Buena Fe, ergo generan un desequilibrio entre derecho y obligaciones derivadas del contrato.

Pero debemos remitirnos a esa Sentencia que es como Prince, anteriormente conocida como la del suelo y en la actualidad la de los gastos; la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015. Y como decía uno de mis profesores, esta Sentencia no es baldí, pues constituye jurisprudencia completando así nuestro ordenamiento jurídico, tal y como viene recogiendo el artículo 1.6 del Código Civil pero además debemos tener en cuenta el hecho de estarse examinando cláusulas abusivas.

ALFA Y OMEGA: EL PRINCIPIO DE NO VINCULACIÓN

Analizando este punto, nada nuevo, pero si un recordatorio para nevagantes. El artículo 6.1 de la Directiva 93/13 indica expresamente la no vinculación del consumidor respecto a este tipo de cláusulas. Y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se ha pronunciado sobre el efecto de nulidad de las cláusulas abusivas. Vale sí estábamos en el Bar cuando impartían la clase de lo que nace nulo muere nulo.

La STJUE de 21 de diciembre de 2016 ya nos indicó en sus apartados 60 a 63 como proceder:

1. El Juez Nacional no puede modificar el contenido
2. Una cláusula abusiva no puede tener efectos y por tanto el consumidor tiene derecho a ser restituido como si jamás hubiese existido esa cláusula en el contrato.
3. El Juez nacional debe dejar sin efecto el pago de importes que resulten indebidamente impagados

Al final, y así nos lo recuerdan a lo largo de Sentencia de la Audiencia de Valencia, esto se reduce a una cuestión básica, si la cláusula es abusiva, no puede producir efectos y el Juez sólo tiene un truco hacerla desaparecer como si nada, como si nadie, como si nunca.

ACCIONES DEL BANCO POPULAR: Maquillaje para la insolvencia

El pasado 7 de junio de 2017 se vivió uno de esos momentos épicos en los que podías comprar un McMenú y por un euro más llevarte el Banco Popular.  Aquel día, en que el Banco Santander se llevo su nuevo juguete a la mesa, se encontró con tres tipos de inversores quienes compraron acciones antes de la ampliación de capital, aquellos que adquirieron en la ampliación de 2012 y los que suscribieron en 2016, pero todos con algo en común… sus acciones eran papel mojado.

ESTILISMO DE CUENTAS: BANKIA Y BANCO POPULAR

Mi abuela tenía un dicho para estas cosas, y es que de noche todos los gatos son pardos. Y es que se acordarán de Bankia y su descalabro en bolsa, pues bien aunque aquí las cosas se parecen el maquillaje ha sido un poco más sutil. Bankia presentaba beneficios cuando en realidad afloraban pérdidas por doquier, en el caso del Popular el maquillaje cubría más pérdidas de las que se estaban declarando.
El problema surgió, siguiendo dichos de mi abuela “aunque vayas como una niña de 15 años, el culo te pesa” y eso le estaba pasando al Popular, pese a su intento de esconder las pérdidas, el Banco Central Europeo denegó su rescate a costa de los contribuyentes y ahí lo vieron claro, una nueva ampliación de capital, se emitió un folleto informativo que contenía toda una serie de información o desinformación, aún esta por determinar este punto.

Ahora mismo, nos movemos en un mar de indicios donde todo apunta a que aquella ampliación de 2016 no debió llevarse a cabo pero lo cierto es que a día de hoy carecemos de un informe pericial, como el obtenido en el caso Bankia, el cual nos ayude a preservar el tema. Para ponernos en antecedentes, la pericial en el caso Bankia fue extraída en su totalidad del procedimiento penal que se tramitaba ante la Audiencia Nacional, por tanto en este caso deberemos actuar con prudencia y esperar a ese informe obrante en el procedimiento Europeo y que la Comisión Europea a denegado por ser una cuestión todavía en estudio. Por tanto, para contar con dicho documento se deberá esperar que bien la Comisión Europea, bien la CNMV den a conocer dicha auditoria.

VÍSTEME DESPACIO QUE TENGO PRISA 

Y es que si el maquillaje fue importante, la indumentaria ahora no debe tener desperdicio, por tanto pese a las prisas de lanzarse a la última tendencia en reclamaciones debemos ser cautos, e ir paralizando los plazos de prescripción requiriendo al Banco Popular, aunque hace unos días hubiese dicho que opera de forma normalizada, lo cierto es que en la actualidad se encuentra presentado el concurso de la entidad ante el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, así las cosas ahora se abre un nuevo frente a controlar dentro de esta fiesta donde nada es lo que parece.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS: ¿CÓMO REPARTIMOS LOS AMIGOS?

Que demos una alternativa al consumidor no implica dejarle a pecho descubierto contra el empresario, si bien es cierto que en el procedimiento de resolución alternativo de conflictos no es obligatorio ir con escolta, perdón abogado y procurador, nada impide al consumidor que su abogado acceda en cualquier parte del procedimiento o bien puede comparecer a través de un tercero y pedir ser asesorado. Por tanto, el consumidor puede hacer uso de cuantos recursos tiene en su mano para que no le den gato por liebre, hasta llevarse al cuñado sabelotodo.  

A lo largo de todo el procedimiento, la parte debe contar con toda la información necesaria en cuanto a las circunstancias para tener la posibilidad de retirarse del procedimiento en caso de no tener voluntad de continuar con el mismo. Así como también, deberá conocer el coste del servicio, el cual puede ser gratuito, con un coste simbólico o incluso que en caso de resultar favorecido el consumidor, el importe abonado le pueda ser devuelto. Y el punto más importante, si la resolución emitida tendrá carácter vinculante o no.

¿CÓMO FUNCIONARÁ LA RECLAMACIÓN?

La ERA recibirá una reclamación con toda aquella documentación pertinente e inmediatamente se notificará a las partes (el inmediatamente es por la voluntad de agilizar plazos, pero tampoco lo tomen al pie de la letra).

Para poder acudir, previamente debe haberse presentado una reclamación previa al empresario, la cual deberá contestarse en 90 días desde su presentación. Como podemos observar, se pretende romper el tópico de que las cosas de palacio van despacio que caracteriza las reclamaciones de consumo, con la utopia de la agilización de plazos. Como pueden imaginar, el hecho de que el empresario esté obligado a dar una respuesta en 90 días supone una modificación del Ley General de Consumidores y Usuarios (TRLGU), afecta también al sistema arbitral y es que estamos hablando de reducir los plazos a 20 días naturales… Pero un pequeño apunte, si ya estamos tardando en aprobar la ley ¿que creen que pasará con las soluciones?… como decía una de mis profesoras “pues blanco y en vasija…”

Quizás lo más destacable es la posibilidad de suspender los plazos, si el proceso no tiene efecto vinculante, y en caso de existir procedimiento judicial, las partes pueden solicitar la suspensión. Pero aún nos falta un escollo por salvar, es cierto que estamos trasponiendo una Directiva Europea, pero debemos recordar que afecta a competencias delegadas y por tanto se afectará a leyes autonómicas.

LEY DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO Y SUS CONSECUENCIAS

Aquellos que escucharon hablar de esta ley y albergaban la esperanza de verla en nuestro ordenamiento como una forma de solucionar los conflictos, observan como duerme el sueño de los justos en un cajón, pero mientras seguimos a la espera de que salga de su ostracismo, podemos hacer unos pequeños apuntes sobre la misma.

Para empezar esta ley no supone un sistema arbitral tal y como lo entendemos, y a lo largo de este post veremos porque.

Si algo nos ha enseñado el desaguisado generado por los bancos, son la existencia de estas figuras en el sector bancario y la Orden de 2004 que regula en el sector financiero los departamentos de atención al cliente, así como la orden de 2012 que regula la presentación de las reclamaciones ante el Banco de España.

Nuestro legislador no está haciendo esto por voluntad, sino que debe trasponer una Directiva, concretamente la D2013/11 cuya ambición es que los estados miembros diseñen un sistema de resolución de conflictos con los consumidores que abarque tanto litigios nacionales, como transfronterizos. La propuesta es clara, deben ser entidades de resolución alternativa (ERA), de carácter público o privado, las cuales pueden usar desde el arbitraje, la mediación, hasta servicios de atención al cliente. El mayor escollo, nos lo encontramos en que las ERA deberán estar acreditadas, debiendo cumplir con estándares de calidad europea, basándose en tres principios:

  • Transparencia
  • Legalidad, Libertad y Eficacia
  • Independencia e imparcialidad

Además las entidades deben poner a disposición del público información clara y fácilmente comprensible sobre su actividad. Y reconozcamos que todos ellos son conceptos muy nuevos para España.

Todo esto, abre una serie de OPORTUNIDADES Y OPCIONES, y es que pasaremos una de una entidad central a un sistema abierto de entidades, evidentemente las cuales deberán estar acreditadas para que sus decisiones sean vinculantes y se crearán nuevas ERA. Por otro lado, la visión de la D 2013/11 es potenciar los servicios de atención al cliente, evitando enquistamientos en los conflictos. Así mismo, el hecho de abarcar conflictos transfronterizos y la irrupción de las nuevas tecnologías de forma imparable, llevan a facilitar mediante un plataforma online el tratamiento de las resoluciones de conflictos, agilizando y reduciendo costes.

Otra de las cosas que se nos plantean es como estas ERA configurarán los sistemas alternativos de resolución de conflictos, para entendernos ¿que resuelven? ¿Que coste tiene para el usuario? Estas respuestas quedan abiertas, nos deberemos informar si estas tienen carácter general, vamos solventa desde un roto a un descosido o por el contrario se dedican a un sector específico. Sobre los costes, sin intriga no sería divertido pueden ser públicos (no significa gratuito, si no que el usuario no abona directamente importe alguno), privado o mixto.

En resumen el objeto de esta Ley es garantizar a los consumidores residentes en la UE el acceso a mecanismos de resolución alternativa de litigios en materia de consumo que sean de alta calidad por ser INDEPENDIENTES, IMPARCIALES,TRANSPARENTES, EFECTIVOS, RÁPIDOS Y JUSTOS peo… ¿Cómo lo concretamos? Partimos de tres pilares:

  • Determinar los requisito con los cuales deben contar estas entidades para ser ACREDITADAS e incluirse en el listado nacional de entidades (Este deberá ser elaborado por cada Estado y comunicado al organismos internacional correspondiente)
  • Deberá regularse el proceso de acreditación.
  • Establecer las obligaciones que han de asumir las Entidades de Resolución Alternativa.

Como podéis presuponer, a España aún le queda trabajo por hacer y quién sabe quizás esta vez lo hacemos bien.

Responsabilidad del Prestatario y Fiadores en Hipoteca

Dicen que el sistema hipotecario, tal y como lo conocemos esta herido muerte y agonizando. Dicen que los Abogados y algunos jueces díscolos somos esa mala gente que ha destruido las buenas prácticas de la banca, si algo es cierto es que el pasado no tiene nada que ver con las resoluciones actuales.

Cuando el Juez Ruiz de Lara escuchó que se nombraba en la prensa su Sentencia de 7 de diciembre de 2016, debió pensar eso de “súbeme la radio, que esta es mi canción”. La prensa la presentó como la Sentencia de la Dación en Pago, lo cual realmente queda muy lejos de la realidad del texto y ahí tuco que pedir el alcohol que cura el dolor. Para ser sinceros, la Sentencia de Ruiz De Lara, ataca en dos puntos la escritura hipotecaria:

1.- La responsabilidad del deudor personal, solidaria e ilimitada.
2.- La renuncia por parte de los fiadores solidarios a los beneficios de orden y exclusión.

Si algo hemos aprendido es la palabra “abusivo” pero en este caso, en una magistral explicación observamos que el Magistrado se aleja del articulado de la abusividad y con una precisión quirúrgica nos adentra en el DOBLE CONTROL DE TRANSPARENCIA que el Tribunal Supremo expuso en su Sentencia de 9 de mayo de 2013 (“la de las cláusulas suelo”), las consecuencias son las mismas pero si vamos hablar, mejor hacerlo con propiedad.

¿PORQUE CONTROL DE TRANSPARENCIA Y NO ABUSIVIDAD?

En primer lugar, se decanta por esta vía al ser condiciones generales de la contratación, por tanto, siendo cláusulas redactadas e insertas en una pluralidad de contratos. Como ya sabemos, el consumidor se ve obligado a adherirse, sin capacidad de negociar individualmente, para entendernos esto son lentejas o las tomas o las dejas; tirando de la literalidad del artículo 1 LCGT, el magistrado las considera como cláusulas generales de la contratación no negociadas. Cabe destacar que en estos procedimientos la prueba es diabólica y debe ser la Entidad Bancaria quien prueba la negociación, pero en este caso la Entidad Bancaria se encontraba en Rebeldía, debieron pensar que no tenían causa.

Dicho esto, debemos plantearnos los siguiente ¿Superan dichas cláusulas el doble control de transparencia? Nos remite la Sentencia al artículo 5 y 7 referente a los FILTROS DE INCORPORACIÓN, entendiendo que deben ser:

  • cláusulas legibles,
  • que no sean ambiguas,
  • que sean claras
  • con precisión en los términos literales.

Por tanto, en cuanto a esto… Minipunto para las cláusulas, si se considera que superan el filtro de incorporación.

Pero hablamos del segundo filtro, el de COMPRENSIBILIDAD. El Tribunal Supremo nos indicó que este hace referencia a si la entidad financiera informó adecuadamente al consumidor de como funcionaba la cláusula, si se le hizo entrega de un folleto informativo, y sobretodo si se le explico la transcendencia económica, a nadie nos gusta que nos toquen el bolsillo.

Este doble control de transparencia por parte del Supremo, establece la LICITUD de la cláusula, primero a través de ese primer filtro de incorporación y posteriormente a través del filtro de la comprensibilidad pues el consumidor debe entender la carga económica derivada del contrato. Para que nos entendamos, recuerdan ese momento en la notaria en que Ustedes como un flan porque por fin conseguían su vivienda y sus padres les acompañaban con ilusión ajenos a que a veces las cosas pueden salir mal y el representante del Banco sonreía y les animaba con que había obtenido un buen acuerdo de condiciones inmejorables para lo que había por ahí y entró el Notario, de forma rápida les leyó un galimatías y Ustedes sólo recuerdan haber dicho que sí, que su dirección era correcta… Pues eso no es suficiente.

Otra duda que nos podría acechar es si este doble control es sólo una teoría creada para las cláusulas suelo o también se puede extrapolar a otras cláusulas del contrato, pese a que parece lógico poder aplicarlo a todas las condiciones generales de la contratación lo cierto es que esto son criterios. El Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona entiende su aplicabilidad a todas las cláusulas, basándose en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indica que respecto de las cláusulas que definen el objeto principal del contrato excluyendo el control de abusividad siempre y cuando se encuentren redactadas de forma clara y comprensible, así las cosas concluye Ruiz De Lara que es aplicable a cualquier cláusula, ya lo hizo en el IRPH.

Debemos tener en cuenta el plano contractual en el que nos movemos, primero porque no existe una negociación con el consumidor y la entidad financiera, lo cual claramente expone la desigualdad entre las partes intervinieres. Por otro lado, la falta de información al consumidor es la clave. Pero sobre todo, cabe resaltar de esta Sentencia, que la Entidad Bancaria se encontraba en rebeldía, por tanto, ni compareció ni practicó prueba alguna.

¿DACIÓN EN PAGO JUDICIAL?

Pese al titular de dación en pago, no lo es, únicamente se anulan unas cláusulas concretas pero el contrato de préstamo continúa vivo y desplegando efectos en cuanto al resto.  Por tanto, hablamos de la nulidad de unas cláusulas muy concretas pero no de una dación en pago pues pueden revisarse el resto de cláusulas pendientes.

FONDOS BUITRE.- SI TE VAS NO HAY LIO

IMG_0616Nos recordarán de post anteriores como “FONDOS BUITRE: EL HARDCORE PAWN DE LAS HIPOTECAS” y “TRIÁNGULOS AMOROSOS: TÚ, YO Y EL FONDO BUITRE”, el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Barcelona invitó a los muchachos a una vista para finalizar  la guerra de rancheras, cual la hija del mariachi, sobreseyendo la Ejecución Hipotecaria recordándole a la entidad bancaria que si te vas no hay lío.

NO ME DIGAS NADA, QUEDATE CALLADA,pues sí algo así es lo que se reprocha a lo largo y ancho de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia. Se le recuerda que hasta en dos ocasiones se ha puesto en entredicho su legitimación para ser parte en el proceso, y únicamente se ha mantenido sentada y callada, sin presentar una prueba que desvirtúe las alegaciones de contrario y refuerce su posición como cesionaria.

DICES QUE TE VAS Y TE VAS Y TE VAS Y AQUÍ ESTAS SENTADA y esa es la gran sorpresa cuando nuestro crédito se encuentra cedido. Cuando acudimos a la entidad bancaria para entablar una negociación, nos dice que el crédito no le pertenece y por tanto no pueden realizar acción alguna, pero sorpresivamente nos encontramos a la entidad ejecutando la vivienda en base a un título, el cual ya no le pertenece.

Según la entidad bancaria se alegaba la existencia de una cesión del crédito a terceros, conservando la custodia y administración del crédito, debiendo por tanto velar por el buen fin del mismo y considerándose por ello legitimada para interponer cuantas acciones sean pertinentes. Y así lo contempla el artículo 15 de la Ley del mercado Hipotecario donde reconoce que:

“Las Entidades a que se refiere el artículo segundo podrán hacer participar a terceros en todo o en parte de uno o varios créditos hipotecarios de su cartera, mediante la emisión de títulos valores denominados participaciones hipotecarias. 

No serán susceptibles de participación los créditos hipotecarios que sirvan de garantía a la emisión de bonos hipotecarios.

Dicha participación podrá realizarse al comienzo o a lo largo de la vida del préstamo concedido. Pero el plazo de la participación no podrá ser superior al que reste por transcurrir paro el vencimiento del crédito hipotecario ni el interés superior al establecido para éste.”

Dicho esto, para la entidad bancaria era muy simple probar, mediante la documentación que obra en su poder que no se había producido una cesión de crédito, sino que lo subyacente era la emisión de participaciones siendo ellos la entidad gestora.

YA ME TIENES HARTO CON TANTAS PALABRAS, NO HAY NECESIDAD DE QUE ME CANTES LO MISMO CADA MAÑANA, pues eso, con la aportación de la documentación que obraba en Autos en la oposición de la ejecutada se hacia pivotar el principio probatorio hacia la entidad bancaria, la cual debía desvirtuar las alegaciones de la ejecutada, y la así se lo recuerda su señoría en el Auto, puesto que no considera acreditado que haya concurrido en relación con el préstamo garantizado con la hipoteca ejecutada la emisión de participaciones, no sirviendo las meras palabras, debe la entidad bancaria “pechar con las consecuencias de dicha falta de acreditación”

CUANDO QUIERAS IRTE, TU PONES LA FECHA PA DESPEDIRTE, y así lo recoge el Auto, la única prueba verificada era una anotación por el importe total del crédito, lo que hace pensar que la Entidad Bancaria puso fecha para despedirse y de la cual no se pudo desprender en la fase de prueba que ciertamente sólo existiera una participación y no una cesión a tercero. Y sigue el Auto, que de la vaguedad de dicho apunte concurriría la falta de legitimación activa al no ser titularidad de la entidad en el momento de la Ejecución de la hipoteca que lo garantizaba. Así y SIN PELOS PARA DECIRTE, QUE ESPERO QUE NUNCA REGRESES YA, nos recuerda que el proceso de ejecución esta encaminado a obtener la satisfacción de la deuda garantizada, siendo la hipoteca un derecho real accesorio o vinculado al crédito que garantiza, por lo que de haberse meritado la cesión la ejecutante habría perdido su condición de titular acreedor del préstamo y con ello también las acciones destinadas a su restitución, incluida la facultad de dar por vencida anticipadamente el préstamo. Por tanto, SI TE VAS NO HAY LIO, en todo caso, HABRA OTRA QUE QUIERE QUITARME EL FRIO.